Un análisis a 40 años de la vuelta del sistema que tiene a la soberanía popular como principio político rector.

Si bien históricamente la participación en los sistemas democráticos está asegurada por las elecciones periódicas, que son fundamentales para el funcionamiento del sistema y, por tanto, necesarias e insoslayables; la compulsa de la ciudadanía cada uno, dos o cuatro años a través del voto para la elección de representantes hoy parecería no ser suficiente como único mecanismo de consulta y participación de la ciudadanía.

A principios del Siglo XX, en la década de 1910, nuestro país lograba el sufragio secreto, universal y obligatorio, lo que significó un logro y cambio central en nuestra joven Argentina que comenzaba a consolidar el sistema representativo, republicano y federal. De esta manera, la ampliación de los derechos políticos que se dieron a sectores sociales en los dos momentos centrales – 1912 con la Ley Sáenz Peña del voto secreto y obligatorio y 1947 con la Ley Evita del sufragio femenino – permitieron afianzar este principio fundamental de la participación plena permitiendo elegir y ser elegido a toda la ciudadanía.

A medida que nos adentrábamos en el siglo, impulsado sin duda por grandes cambios que sobrevinieron al mundo de la posguerra, el sistema democrático mostraba sus fisuras e imperfecciones, llegando a la década de 1990 con la necesidad de perfeccionamiento y actualización. Fue la década de la profunda transformación y reforma del Estado que afectó a todos los países de la región, incluso de gran parte del mundo, momento en que pasamos del Estado Social o de Bienestar al Estado Neoliberal o reduccionista, cuyos coletazos y consecuencias, a nuestro humilde entender, aún estamos transitando y que analizaré en otro momento.

Así, en 1994, la reforma de la Constitución Argentina receptó la necesidad de grandes cambios. En materia de participación, avanzó significativamente en nuevos mecanismos, incluso abriendo las puertas a un amplio abanico de nuevas formas de participación también en las reformas provinciales, algunas avanzaron más que la misma carta magna nacional. Tanto la Constitución Nacional como las provinciales incorporaron la iniciativa legislativa, las consultas populares y/o referéndum, las audiencias públicas, los presupuestos participativos, la participación en el diseño de planes estratégicos de políticas públicas e incluso en algunos casos hasta la revocatoria de mandato. Todos dispositivos de participación necesarios para aquellos y estos tiempos que, llevados a la práctica, permiten una mejora considerable en la respuesta por parte del Estado, en todos sus niveles tanto Nacional, Provincial como Municipal, a las demandas sociales.

Lo que en definitiva implica por tanto una mejora en el diseño, ejecución y evaluación de los planes, programas y proyectos de políticas públicas a través de los cuales el Estado provee o asegura la provisión de bienes y servicios que la ciudadanía requiere y demanda para un desarrollo sostenible, los que adquieren mayor efectividad a partir de una efectiva participación y control social. Estos instrumentos institucionales o mecanismos de mayor participación a los que hice referencia, de manera muy sucinta y quizás hasta simplista en honor a la brevedad, son centrales para la estabilización y legitimación del régimen político, vía la participación popular, y por tanto para la consolidación de la Democracia.

La participación ciudadana, entendida como la intervención e involucramiento de la ciudadanía en la toma de decisiones de la vida en sociedad, es decir su injerencia en el espacio público para influir y tomar parte en la asignación y administración de los recursos, e incluso como vimos en las acciones y decisiones del Estado que tienen un impacto directo en el desarrollo de nuestras comunidades, y que por tanto demanda una trabajo colaborativo y de co-creación de las políticas públicas entre representantes y representados, en palabras más claras entre el pueblo y sus gobernantes.

De democracia electoral a participativa

En síntesis: a mayor participación ciudadana, más y mejor Democracia. Tal es así que incluso desde hace unas décadas la filosofía político administrativa del Estado Abierto, concepto acuñado por el politólogo argentino Oscar Oszlak, funda esta teoría y forma de gestionar el Estado en una serie de principios y pilares en los que la participación ciudadana juega un rol destacado, en su afán de poner al ciudadano como centro de toda decisión y acción del Estado.

La participación viene a perfeccionar las democracias actuales aportando al sistema electoral, o mejor dicho complementándolo con instrumentos de participación y colaboración ciudadana que permiten actualizar y mejorar el modo de gobernar y gestionar lo público para dar contenido a las democracias que se han mantenido acotadas sólo a los mecanismos electorales, y pasar de esta forma de una democracia electoral a una democracia participativa y colaborativa, que para su funcionamiento pleno requiere de la implementación de esta nueva teoría política del Gobierno/Estado Abierto, tal como lo describe el académico mexicano y colega Rafael Valenzuela Mendoza, y sostiene destacados referentes en el tema.

Finalmente, si bien esta participación plena que permite mejorar la Democracia en tanto sistema político como social, requiere que estos mecanismos sean plasmados en la legislación vigente, tarea que Argentina ha realizado en gran medida, lo cierto es que también su puesta en marcha requiere de una ciudadanía preparada, educada y formada en su utilización. Es más, necesita de ciudadanos y ciudadanas requirentes e involucrados, motivados por mejorar su propia calidad y estándar de vida y de su comunidad, no sólo en los términos económicos de confort, sino de poder vivir en un entorno natural y social saludable y sostenible, es decir que se conviertan en expertos en la utilización de los instrumentos de participación y control social que sin duda pueden y deben ayudar a mejorar la Democracia y por tanto la sociedad en que vivimos.

Artículo disponible en El Auditor.